La Caja

Entre los objetivos de La Minka se encuentra luchar contra la burorrepresión creando una caja de resistencia o fondo de solidaridad, como cauce virtual para que las personas puedan realizar aportaciones voluntarias con el fin de mantener el fondo y/o sufragar directamente el abono de sanciones administrativas provenientes de la represión de gobiernos hacia la protesta ciudadana.

La caja inicial, de 300€, tiene su origen en las aportaciones de los grupos y asambleas del 15M de Salamanca, realizadas para pagar las sanciones del Ayuntamiento de Salamanca y la Subdelegación del Gobierno de Madrid que, posteriormente, la Comisión Legal de Salamanca ha ido paulatinamente recuperando en los tribunales, poniendo este dinero a disposición nuevamente de la ciudadanía activa, a través de este nuevo proyecto.

 

Quién es el titular formal del fondo

La titularidad jurídica de la caja es de los miembros de la Comisión Legal de Salamanca, como promotores y responsables del proyecto y quienes tienen abierta cuenta corriente en la Caja Rural de Salamanca. La titularidad material es de la ciudadanía y los movimientos sociales que luchan por la justicia todos los días.

 

Cómo se puede aportar a La Caja y cómo se gestiona

El fondo está abierto a nuevas aportaciones de cualquier persona a través de la misma herramienta de micromecenazgo, como si se tratara de una acción o proyecto más, pudiendo realizarse aportaciones periódicas o puntuales.

Las personas o grupos que quieran participar en el fondo deben además aportar una cantidad proporcional al presupuesto que se hayan marcado, y que actualmente hemos establecido en un 10%.

La transparencia es un principio fundamental del 15M que el proyecto La Minka respeta y protege, por lo que en todo momento será posible saber el montante que existe en la caja, así como cuándo y para qué se rescata en cada momento.

Cuándo una persona o colectivo puede pedir ayuda a La Caja

Cualquier persona o grupo que quiera adherirse al fondo y solicitar posteriormente el rescate del mismo debe cumplir una serie de criterios orientativos:

1. Acciones de disidencia política: libertad de expresión, reunión y manifestación.

Todas las acciones enmarcadas en la actividad planteada que se hayan realizado conforme la descripción realizada y con arreglo a la legalidad constitucional vigente se encuentran amparadas por el fondo, por lo que cualquier sanción económica impuesta por la autoridad gubernativa impuesta ilícitamente será asumida por el fondo de solidaridad, con el compromiso de que las cantidades dinerarias rescatadas vuelvan al mismo, en caso de que las sanciones fueran recurridas y obligadas a ser devueltas por parte de los juzgados y tribunales.

Ejemplos de estas acciones son las concentraciones y manifestaciones que son prohibidas por el gobierno sin causa justa o las sanciones por ejercer derechos constitucionales que los ayuntamientos imponen con arreglo a ordenanzas municipales.

2. Acción directa no violenta y desobediencia civil

Son aquellas acciones que puedan enmarcarse en la desobediencia civil, como forma de protesta que busca el amparo y cambio del mismo Derecho que impugna, mediante la transgresión deliberada del sistema jurídico, invocando principios superiores de Justicia. Las características básicas serían:

1. Publicidad, carácter abierto y tendencia propagandística.
2. Intencionalidad política, al invocar principios constitucionales básicos, cimientos ético-políticos de la comunidad, así como reglas de interpretación que no estén sujetas a credos particulares, y que merezcan una aprobación generalizada.
3. Agotamiento de todos los recursos legales, como procedimiento extraordinario de acción.

Las posibles consecuencias económicas de dichas acciones podrán financiarse con el fondo de solidaridad cuando dentro del presupuesto no se hubiera contemplado la posibilidad de la existencia de sanciones, por dudas razonables en cuanto a su imposición o a la necesidad de no dar publicidad previa de las acciones ilegales, en aras a la eficacia de la acción, aunque éstas luego se publiciten con arreglo a la intencionalidad política de la acción.

Los ejemplos más conocidos y actuales de estas acciones son los encierros y ocupaciones de bancos o viviendas vacías por familias necesitadas o la paralización física de lanzamientos en los procedimiento de desahucios.

3. Acciones de objeción de conciencia

Son aquellas acciones que pueden o no transgredir el sistema jurídico, donde no concurren los requisitos de publicidad ni politicidad, ni se apela al sentido de justicia de la mayoría, si no a la exención particular de la situación considerada injusta, fundamentándose en creencias religiosas o filosóficas particulares.

En este caso, la Comisión Legal valorará específicamente la puesta a disposición del fondo en apoyo a los objetores de conciencia, al tratarse de acciones de interés particular de personas concretas.

4. Acciones de resistencia y rebelión

Este tipo de acciones, que en todo caso serán valoradas por la Comisión Legal, deberán justificarse en la medida en que se produzcan en sistemas políticos dictatoriales, autoritarios y en todo caso antidemocráticos, que impidan el libre ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la disidencia política y la desobediencia civil.